Estrategia y economía
Por: Farid Kahhat (Internacionalista)
El debate sobre el carácter estratégico de ciertas actividades económicas tiene como trasfondo el debate en torno al papel que el Estado debería desempeñar en la economía. Ello debido a que considerar un determinado sector de la economía como “estratégico” está asociado a cuatro debates en materia de política económica. En este artículo mencionaremos dos de ellos.
El primero es el debate sobre la conveniencia de que el Estado intervenga para evitar la quiebra de empresas privadas consideradas “estratégicas”. Este debate, a su vez, gira en torno a dos temas: de un lado, si ese tipo de intervención es realmente necesario (por ejemplo, enfrentados en el 2009 ante la posibilidad de quiebras masivas en el sector financiero, el Gobierno de Irlanda asumió los pasivos de la banca privada mientras el Gobierno de Islandia dejó que los bancos quebraran). De otro lado, asumiendo que algún tipo de intervención pudiera ser necesaria, el siguiente debate gira en torno a la naturaleza de esa intervención: el reto consiste en rescatar las empresas sin rescatar necesariamente a sus ejecutivos y accionistas, con el fin de evitar el denominado “daño moral” (es decir, si quienes cometen errores que conducen a la quiebra de empresas privadas pueden esperar que el Estado los rescate, no tendrán incentivo alguno para evitar esos errores en el futuro).
A su vez, una de las respuestas al riesgo de “daño moral” es la nacionalización temporal de las empresas involucradas, lo cual nos conduce al segundo debate en materia de política económica asociado con el debate sobre la existencia de sectores estratégicos: si estos deben o no ser propiedad del Estado.
Fue el gobierno conservador de Margaret Thatcher el que cambió la naturaleza de este debate, al considerar que un sector de la economía podía ser estratégico sin que por ello tuviera que ser propiedad del Estado: de un lado, permitió la participación de capital extranjero en empresas privatizadas, incluso en sectores sensibles para la seguridad nacional. De otro lado, sin embargo, creó las denominadas “acciones doradas” como mecanismo especial de regulación. Estas acciones proveían al Estado Británico de un derecho de veto sobre ciertas decisiones corporativas (esencialmente en temas relacionados con la propiedad). En algunos casos, el propósito de esas “acciones doradas” era meridianamente claro: evitar que empresas que producían tecnología de punta en el ámbito militar pudieran ser adquiridas por estados considerados hostiles.
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